CIUDAD DE GUATEMALA -- El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, de 86 años, enfrentará juicio por el genocidio de poblaciones indígenas durante su régimen entre 1982 y 1983, anunció este lunes un juzgado, en una histórica decisión por tratarse del primer ex gobernante en ser procesado por este delito en Guatemala.
“Se dicta auto de apertura a juicio en contra de José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y de deberes contra la humanidad”, dijo el juez Miguel Gálvez, al leer la resolución en una pequeña sala del juzgado Primero B de Mayor Riesgo de Ciudad de Guatemala, abarrotada por familiares de víctimas, activistas humanitarios y militares retirados que apoyan al ex dictador.
“Se llega a establecer que existen fundamentos serios para someter a juicio oral y público por las supuesta probabilidad de su participación en los delitos que se le imputa”, agregó el juez, en presencia de Ríos Montt, quien no se inmutó al escuchar la resolución.
En la sala, solo se oyó un murmullo, mientras que familiares de las víctimas quemaron petardos en la parte baja del edificio de la Corte Suprema de Justicia, donde está ubicado el juzgado.
El anciano ex dictador está acusado de genocidio por la matanza de unos 1,770 indígenas mayas ixiles ocurrida durante su mandato en el departamento de Quiché (norte), en lo más cruento de la guerra civil guatemalteca que dejó unos 200,000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996.
En el mismo proceso, el juez también decidió abrir juicio por genocidio contra el general retirado José Rodríguez, ex miembro de la cúpula castrense de entonces y quien llegó al juzgado en silla de ruedas.
Gálvez citó a las partes para comparecer el próximo 31 de enero a una audiencia a partir de las 15H00 GMT para la aportación de pruebas, tras lo que definirá la composición del tribunal que llevará el juicio en un fecha por precisar.
El juez dispuso que, a la espera del juicio, los dos acusados quedan bajo la misma situación jurídica: Ríos Montt bajo el arresto domiciliario que guarda desde hace un año y Rodríguez internado en el hospital militar por supuestos quebrantos de salud.
Bajo el régimen del general Ríos Montt, quien llegó al poder tras encabezar un golpe de Estado en 1982, el Ejército aplicó la llamada política de “tierra arrasada” sobre poblaciones indígenas a las que acusaba de colaborar con la guerrilla izquierdista, en el contexto de la Guerra Fría.
El general Héctor López, también ejecutor de la política contrainsurgente del régimen, está acusado igualmente de genocidio, pero exámenes médicos determinarán si puede afrontar un juicio luego de que sus abogados argumentaron que sufrió un derrame cerebral en diciembre.
La defensa de Ríos Montt argumentó que el ex gobernante nunca se enteró de las masacres cometidas por el Ejército. “Quieren colgar a Ríos Montt por algo que no hizo”, sostiene el abogado defensor Danilo Rodríguez, quien paradójicamente fue guerrillero por más de 22 años.
Poco antes de anunciada la resolución, el abogado defensor Francisco Palomo había expresado su esperanza de que el caso fuera archivado, aunque adelantó que “por la gran presión internacional y nacional que hay y por el tema mediático” era “muy posible” la apertura del juicio.
Vestido con traje formal gris, el ex dictador llegó puntual a la audiencia entre el saludo militar de sus seguidores y los gritos de “justicia” de familiares de las víctimas, apostados en las afueras de la sede de la Corte.
En la entrada del edificio, familiares de víctimas, que llevaban claveles rojos y fotografías de sus seres queridos, instalaron un altar improvisado, con ofrendas flores, incienso y velas.
El activista Jorge Santos, del colectivo Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, consideró un “hecho histórico” que la justicia guatemalteca “logre condenar a dos responsables de delitos de genocidio y deberes contra la humanidad”.
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), había adelantado que un juicio contra Ríos Montt sería “un paso importante en la lucha contra la impunidad”.
Voces externas también se pronunciaron en favor de la apertura del proceso, como una delegación de cinco diputados españoles que visitó Guatemala la semana pasada para conocer la situación de los derechos humanos.
Gálvez convocó a esta audiencia tras escuchar la semana pasada los argumentos de la Fiscalía y abogados de familiares de las víctimas, y los de la defensa del anciano ex dictador.
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