“Un pueblo que, en aras de preservar la seguridad está dispuesto a renunciar a la libertad, merece perder la libertad y la seguridad”.
“Un pueblo que, en aras de preservar la seguridad está dispuesto a renunciar a la libertad, merece perder la libertad y la seguridad”.
Afortunadamente ese no ha sido el caso de la República Dominicana.
Nosotros los dominicanos hemos sabido defender nuestro derecho a la libertad, hemos abonado con sangre el árbol de la democracia.
Y hoy que pretenden desmeritar a nuestros héroes y heroínas, comparando la violencia que sufrimos, producto de la impunidad y el flagelo del narcotráfico que afecta nuestra sociedad, con la violencia producto del terrorismo de Estado.
Hoy reafirmamos que continuaremos rescatando nuestra memoria histórica, recordando nuestro glorioso pasado, para aplicarlo en el presente en la construcción de un mejor futuro.
Hoy, seis meses y 12 días después que el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana abrió sus puertas, hemos recibido 14,799 personas, de los cuales 11,242 fueron estudiantes.
Hoy les digo que nuestro museo Virtual ha recibido:
• Pagina web: 1,873,628 personas, considerando que la inauguración, los artículos en CNN, ABC, New York Times, El Pais, BBC y Le Monde multiplicaron las entradas internacionales.
• Facebook: 2827 amigos.
• Twiter: 224 seguidores.
Y a pesar de las amenazas, de los boicots y los bloqueos, seguimos abiertos y los jóvenes dominicanos a quienes estamos dirigidos y son nuestra razón de existir continúan visitándonos.
Preguntan, aprenden y nos dejan sus mensajes, quiero compartir algunos con ustedes:
‘Si cada estudiante dominicano, si cada hombre y mujer dominicana tuviera la oportunidad de visitar este museo de la Resistencia Dominicana, estoy seguro que el destino de nuestra nación fuera promisorio. Este museo logra un efecto transformador en quien lo visita, al menos eso es lo que creo. Que orgulloso de ser dominicano!’
Estudiante de derecho de la UASD
‘El pueblo estaba necesitado de un museo como este para recuperar nuestra identidad.’
Estudiante del Instituto Salomé Ureña
‘Educando. Así hacemos Patria’.
Estudiante del Colegio Saint Patrick
‘Dominicano nunca olvides lo que eres. Quiere a la Patria, llenate de orgullo por ser dominicana’
Estudiante de la UASD
Estos mensajes son diferentes a los pronunciados durante la dictadura constitucional de Balaguer, son la prueba de que el sacrificio valió la pena, que los jóvenes de hoy valoran nuestra democracia y luchan sus propias batallas, las del siglo XXI, exigen los otros derechos, esos que nos faltan conquistar. Tienen conciencia de que la democracia es un árbol que crece, se abona y se poda.
Gracias a ellos, Amaury, Virgilio, Ulises, Chuta, y muchos otros, los jóvenes de hoy no tienen que ofrendar sus vidas, gracias a esos más de 100 mil dominicanos y dominicanas que padecieron, lucharon y resistieron el terrorismo de Estado durante el pasado siglo XX, hoy estamos aquí y podemos dirigirles estas palabras.
Los Palmeros están junto a todos ellos, desde los patriotas del 16, y coronan las últimas ofrendas de sangre que como todos sabemos son necesarias para alcanzar la Libertad.
Hoy levantamos nuestra voz para decirles que seguiremos trabajando, educando, día a día, para que NUNCA MAS, se repita una dictadura en la República Dominicana. Para que los que hoy reclaman un régimen de fuerza como solución a nuestros problemas recuerden que la violencia de Estado produce violencia revolucionaria. Recuerden que es deber del Estado garantizar la vida y los derechos de sus ciudadanos.
Hoy saludamos a todos los que unen sus esfuerzos al rescate de nuestra memoria histórica.
Hoy continuamos esperando justicia, hoy continuamos reclamando nuestro derecho a la verdad y continuamos luchando contra el olvido. Y estamos recibiendo respuestas.
Hoy felicitamos a los que han tenido el valor de anteponer el bien común, sin importar el costo, para que este pueblo conozca a sus héroes, tenga referentes éticos, alce su frente de cara al sol y con orgullo grite ‘soy dominicano, y los dominicanos sí podemos’.
Luisa De Peña Díaz
Directora General
Museo Memorial de la Resistencia Dominicana
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La decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de cambiar en los textos para los escolares de enseñanza básica la denominación del periodo de Augusto Pinochet de "dictadura" a "régimen militar" desató una intensa polémica con la oposición, que denuncia un intento de maquillar la realidad, e incluso dentro de las propias filas de la coalición gobernante de derecha, donde algunos discrepan de la modificación.
El episodio sería casi meramente anecdótico si no fuera porque no es el único que ha ocurrido en los casi dos años que ha gobernado Piñera, que pudo llegar a La Moneda en marzo de 2010, después de 20 años y cuatro administraciones de centro-izquierda, justamente por haber sido un opositor de la dictadura.
El cambio de "régimen militar" por "dictadura" fue propuesto por el exministro de Educación Felipe Bulnes y aprobado el 9 de diciembre por el Consejo Nacional de Educación, en el que participan distintos sectores. El nuevo concepto, más general pero a la vez menos preciso y descriptivo de lo que significó para los chilenos el Gobierno de Pinochet (1973-1990), se aplicará en los textos escolares de Lenguaje, Historia, Geografía y Ciencias Sociales de los escolares de primero a sexto grado.
El nuevo ministro de Educación, Harald Beyer, un académico conservador y riguroso que llegó al cargo en vísperas de fin de año en reemplazo de Bulnes, debió estrenarse con la defensa del cambio de concepto, ácidamente criticado a través de las redes sociales. "Yo reconozco que fue un Gobierno dictatorial, así que no tengo problemas", afirmó Beyer, pero se usa el término más general, "que es régimen militar". La coordinadora de currículum del Ministerio de Educación, Loreto Fontaine, explicó en declaraciones al portal electrónico El Mostrador que el concepto de régimen militar admite que "puede haber diferentes puntos de vista y experiencias" al describir el periodo.
La Administración de Piñera ha estado plagada de pequeños incidentes de este tipo, en que el espíritu más ultramontano de la derecha se ha desbordado sobre las costumbres del vaso republicano. Al propio Piñera estas manifestaciones o deslices, según se quiera ver, no le han agradado. En noviembre, una funcionaria de La Moneda envió en nombre del presidente sus "felicitaciones y los mejores deseos de éxito" al acto en homenaje al extorturador Miguel Krasnoff, condenado a 144 años de cárcel en 23 condenas por violaciones a los derechos humanos, y Piñera la destituyó de su cargo. La campaña para prevenir el sida no se refiere a la principal medida de contención, el condón. La directora de un organismo que concede becas a escolares instaló una efigie de una virgen en el acceso a las oficinas, aunque el Estado chileno no se define como confesional.
En la oposición, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, replicó el concepto de régimen militar con un ejemplo de zoología: "Tiene orejas de gato, cuerpo de gato, maúlla como gato y algunos quieren que se llame perro. Eso es dictadura, le pongan el nombre que le pongan".
Para la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fríes, hay sectores en el Gobierno a los que les incomoda el concepto de dictadura, "pero es la verdad y se usa en todas partes del mundo donde hubo Gobiernos totalitarios que violaron de manera grave y sistemática los derechos humanos". La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, consideró la modificación como una ofensa y falta de respeto grave que "altera la verdad de la historia". La polémica incluso llegó a la derecha, donde los sectores más liberales -y cercanos al propio Piñera- reconocen que Pinochet fue dictador.
Para los diputados más cercanos a Pinochet, el cambio es positivo porque, a su juicio, en los últimos años se ha contado la historia desde una sola óptica, informa Efe. "Que se hable de dictadura es una forma de estigmatizar a un Gobierno que entregó democráticamente el poder", declaró el congresista Iván Moreira, de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente.
Si bien las editoriales de los textos escolares tienen libertad para su elaboración si respetan los contenidos curriculares, es difícil que desoigan la decisión del ministerio. El Consejo de Educación podría revertir o revisar la medida después de la polémica que esta ha desencadenado. Uno de sus miembros, Alejandro Goic, reconoció que la modificación del concepto les pasó inadvertida y que el Ministerio de Educación no les informó previamente. Goic espera que la decisión pueda revertirse porque "a las dictaduras hay que llamarlas dictaduras y a las democracias, democracias".
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Chile/cambia/dictadura/regimen/militar/elpepiint/20120106elpepiint_6/Tes
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Directora de Museo Dominicano pide que investiguen crímenes de lesa humanidad
Jesús Sanchis
Santo Domingo, 29 dic (EFE).- Luisa de Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia de la República Dominicana, dedicado a honrar a las víctimas de las dictaduras y la guerra en su país, pide que se cree una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes de lesa humanidad y las muertes en combate ocurridas entre 1916 y 1978.
Estimaciones del propio museo realizadas a partir de estudios de investigadores locales, publicaciones y denuncias, sitúan en torno a 100.000 el número de víctimas durante ese período, que incluye la ocupación estadounidense entre 1916 y 1924; el régimen de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), la guerra civil de 1965 y los gobiernos de Joaquín Balaguer (1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996).
"No tenemos una versión oficial de lo que pasó. No tenemos una Comisión de la Verdad", dijo en declaraciones a Efe la directora del museo, Luisa de Peña, quien consideró fundamental para el país "que se sepa qué pasó con los desaparecidos, porque el desaparecido es la evidencia de una sociedad fracasada".
Bajo el régimen de Trujillo, según los datos del museo, fueron asesinadas unas 50.000 personas, aunque 25.000 de ellas desaparecieron, mientras que en el régimen de Balaguer, de acuerdo con un estudio de la Fundación Amaury German Aristy, se calcula que hubo unas 11.000 víctimas, 5.000 de ellas identificadas y el resto desaparecidas.
"Nos queda mucho por recorrer en cuestión de memoria histórica", dijo De Peña, quien reclamó también "una restitución, no económica, sino moral. Hay que pedir perdón a las víctimas", declaró, y recordó que la petición de perdón es algo normal y necesario para paliar el dolor de una sociedad herida.
Se debe "pedir perdón por todas las víctimas: desaparecidos, asesinados, torturados", insistió.
En su opinión, esta solicitud de disculpas no es un asunto personal que deba asumir un Gobierno en particular, sino que "el Estado debe pedir perdón a los ciudadanos porque fue el Estado el que violentó los derechos de los ciudadanos" y por ello, es necesario que "como institución, asuma sus responsabilidades".
Además, es necesario, afirmó, "reconocer el aporte de las víctimas a la construcción de la democracia" por medio de su lucha en favor de los derechos del pueblo dominicano.
La restitución debería incluir, además, aspectos como la búsqueda de fosas comunes y la eliminación de "expedientes falsos" que fueron "creados para la persecución" política de opositores.
Las fosas comunes, declaró la experta, están diseminadas por diferentes puntos del territorio dominicano y se cree que a ellas fueron a parar muchos desaparecidos de los centros de trabajos forzados y de exterminio del régimen de Trujillo, mientras que "otros fueron arrojados al mar", dijo.
Se conoce la ubicación de algunas de esas tumbas colectivas, pero otras no han sido localizadas y su búsqueda sería una de las tareas de la Comisión de la Verdad.
En cuanto a los expedientes policiales, afectan a ciudadanos que "estuvieron presos, tienen expedientes como delincuentes pero eran presos políticos. Hay cientos de expedientes", manifestó la directora del museo.
El mantenimiento de esos documentos supone "una estigmatización", ya que "hay gente todavía fichada" que no puede conseguir una visa para viajar a ciertos países "porque está en un listado de terroristas por haber participado en el Movimiento de Liberación".
La directora del recinto museístico, perteneciente a la Federación de Fundaciones Patrióticas de la República Dominicana e inaugurado a finales de mayo al cumplirse el 50 aniversario de la eliminación física de Trujillo, opinó que, aunque muchos afectados por estas fichas han pedido su supresión, es el Estado el que debe ocuparse de anularlas.
"Consideramos que no tiene que ser un asunto personal, sino una política de Estado. Es parte de la restitución" que debe ofrecerse a las víctimas, agregó.
Sobre la comisión, reiteró que "hace falta" y, aunque admitió que hay gente contraria a su creación "porque siempre hay quien no quiere que le pisen los talones", restó importancia a este eventual rechazo.
"Nosotros, los dominicanos, tenemos derecho a la verdad", argumentó. EFE
Fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1051784
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Cuando hablamos de “memoria histórica” nos referimos a un concepto bastante controvertido tanto para las ciencias sociales como para el ámbito político. En ambos espacios resulta complejo porque lo que subyace tras de esta noción es la interrogante de cómo una sociedad “se recuerda” a sí misma y ello inevitablemente nos lleva a los conflictos de memoria. El caso del homenaje a Krassnoff es una muestra clara de aquello y nos permite avanzar algunas reflexiones acerca de la prohibición de actos de apoyo a criminales de lesa humanidad a partir de leyes de memoria.
La sociedad no posee “una” memoria colectiva, existen muchas memorias colectivas cuyo alcance está determinado por la vida de los grupos que las portan y que las reproducen, cuando el grupo deja de existir esta memoria colectiva desaparece también con él. Los conflictos de memoria son precisamente la oposición y beligerancia entre diferentes maneras de recordar social o colectivamente y que se expresan en el conflicto entre los individuos portadores de tales memorias como los militares en retiro que apoyan a Krassnoff y los familiares de las víctimas de la dictadura.
Prohibir actos públicos en favor de criminales de lesa humanidad, renombrar calles alusivas al régimen militar, quitar los retratos de Pinochet de edificios públicos, sobre todo del ejército y prohibir cualquier tipo de monumento u homenaje a lo que represente el régimen más genocida de nuestra historia independiente, es hoy una necesidad.
Lo que está en juego no es la distribución de un bien o un servicio, sino una manera de recordar. Por el contrario, lo que conocemos como la “memoria histórica” como señaló Maurice Halbwachs, sobrepasa a las memorias colectivas e individuales y la vida de los grupos, tiene una perspectiva amplia del tiempo y la capacidad de imponer ciertos criterios por la fuerza de la veracidad de su contenido. Sin embargo a nuestro juicio, no es sinónimo de historia, es más bien una forma de recordar el pasado a la luz de un contexto presente. En el caso de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet la historia es clara y no hay lugar a equívocos, podemos invocarla con certeza para señalar a las más de 3 mil víctimas que dejó la barbarie militar y es aquí donde reside su fuerza moral. La memoria histórica no es un conjunto de hechos factuales sino la organización de ellos con el fin de reivindicar a las víctimas.
Otros países que han vivido episodios terribles de violaciones a los derechos humanos han puesto en práctica dispositivos legales bajo la forma de “leyes de memoria” que prohíben símbolos, prácticas y organizaciones que se fundan en la apología de la violación de los derechos humanos y que a la vez establecen mecanismos de divulgación de los hechos históricos en pos de una “memoria democrática”. Destaca Alemania como caso emblemático y drástico con su prohibición de cualquier expresión de apoyo o de reivindicación del nazismo, al punto de impedir burlarse del Holocausto o incluso dar el nombre del fürer a los hijos. España en el 2007 aprobó una “ley de memoria histórica” en respuesta a la demanda de las asociaciones de familiares de víctimas de franquismo creando ciertos derechos de naturaleza simbólica para los descendientes de republicanos, prohíbe todas las manifestaciones de apoyo al franquismo y establece el retiro de todos los símbolos y monumentos en su honor entre otras medidas. Argentina en el 2011 ha igualmente prohibido todo tipo de homenajes a criminales y anteriormente Néstor Kirchner hizo quitar de las dependencias del ejército los retratos de los miembros de las juntas militares.
Con todo, la existencia de leyes de memoria o de una ley de memoria histórica no elimina el conflicto ni tampoco protege de los usos políticos que puedan hacerse de la memoria. Alemania sigue teniendo (neo) nazis que van in crescendo y si bien ya no son los judíos los amenazados, la población turca es la más discriminada en el país germano. Asimismo, son muchos los españoles que siguen cantando el Cara al Sol (himno fascista adoptado por el régimen de Franco), haciendo el paso de la oca y teniendo fotos del caudillo en sus casas, ni hablar de la discriminación hacia los latinoamericanos invocando consignas nacionalistas provenientes de la derecha más reaccionaria. Incluso, puede suceder que a propósito de la instauración de una ley de memoria pueda haber un resurgimiento de estas manifestaciones de apoyo a regímenes indeseables a propósito del conflicto de memoria.
Entonces, ¿de qué sirve una ley de memoria?, ¿valdría más una ley de reparación, que de alguna manera juega el rol de memoria? La respuesta no es en orden al grado de eficacia de tales leyes para terminar o pacificar los conflictos de memoria, ni tampoco para impedir que vuelvan a ocurrir hechos similares, la razón de su existencia no es otra cosa que de tipo moral. Las leyes de memoria son necesarias porque responden a la doctrina consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, superior a los ordenamientos jurídicos nacionales y son un instrumento de lucha política contra la negación de crímenes de lesa humanidad. Este es el bien superior. No estamos hablando de leyes reparatorias, de amnistía o reconciliación, aquí hay una voluntad explícita de condenación ideológica y política de cierto tipo de regímenes, lo que implica en algunos casos, una re-escritura de la historia con el fin de imponer la doctrina de los derechos humanos por sobre los “conflictos de memoria” de ciertos grupos.
Todos los sectores políticos chilenos, en distintos momentos, énfasis y grados de sinceridad, han condenado las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Pinochet. Hoy ese rechazo puede perfectamente materializarse en una ley de memoria. Ha llegado la hora para que quienes apoyaron a Pinochet y luego reconocieron los abusos durante su gobierno sellen su compromiso con los derechos humanos y adhieran a la cultura política que rechaza tales actos.
En consecuencia, prohibir actos públicos en favor de criminales de lesa humanidad, renombrar calles alusivas al régimen militar, quitar los retratos de Pinochet de edificios públicos, sobre todo del ejército y prohibir cualquier tipo de monumento u homenaje a lo que represente el régimen más genocida de nuestra historia independiente, es hoy una necesidad. Si contamos con un Museo de la Memoria que fomenta los valores propios de los derechos humanos, podemos perfectamente establecer una ley de memoria histórica para decidir democráticamente la manera en que queremos recordar nuestro pasado y pensarnos desde allí como sociedad en el presente.
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