Santo Domingo

6 de marzo de 2013

Su Excelencia

Lic. Danilo Medina
Presidente Constitucional de la
República Dominicana
Su Despacho

Excelentísimo Lic. Medina:

“Toda sociedad tiene el derecho inalienable de saber la verdad de lo ocurrido, así como los motivos y las  circunstancias  en la cuales los  crímenes aborrecibles fueron cometidos,  a  fin  de  evitar una reiteración de estos hechos en el  futuro.  Al mismo tiempo nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo sucedido a sus parientes más cercanos”.  “El deber de investigar hechos de este tipo persiste mientras exista incertidumbre acerca del destino de la persona que ha desaparecido”.  “Aún en el caso hipotético de que las personas individualmente responsables de crímenes de esta índole no pueda recibir en determinadas circunstancias un castigo legal, el Estado está obligado a utilizar los medios a su disposición para informar a los familiares de la suerte corrida por las víctimas y, si estas han  sido asesinadas, de  la ubicación de sus restos”.  Estos  son algunos  de los resultados de  fallos importantes y trascendentales emitidos tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina fue una de las más largas y sanguinarias de  todas las que padecieron los pueblos latinoamericanos durante el Siglo XX.  Además, tiene ese período un rasgo característico particular: Cincuenta  años después del ajusticiamiento del dictador, el oprobioso régimen que Trujillo fundó y presidió no ha sido objeto de una calificación jurídico-política de parte de una instancia oficial dominicana que –reivindicando, entre otros, el derecho a la memoria histórica, el derecho a la verdad, y el derecho a la justicia- deje  para la posteridad  una historia oficial –una narrativa única e innegable- que sirva de faro y guía para las futuras generaciones de dominicanos y dominicanas, de forma tal que nunca más pueda repetirse en nuestro país un régimen tan aberrante

Ante el sufrimiento, la impunidad, las  frustraciones y  tantas expectativas diversas no satisfechas, de parte de las víctimas, de sus familiares y aliados solicitamos y firmamos por la creación de la Comisión de la Verdad, con el objetivo de que se  encargue  de efectuar, mediante una metodología  objetiva  y  transparente, que  tenga  la  tarea  de  investigar,  registrar  y  tipificar –de  naturaleza  jurídico-política- las violaciones de derechos humanos cometidos por la Dictadura de Rafael L. Trujillo Molina, que aún hoy -50 años después de finalizada la infame era de terror- marcan la vida nacional, en particular, por la impunidad total de que éstos han gozado y las consecuencias negativas que la impunidad genera para las relaciones  socioculturales de una comunidad, el  establecimiento de instituciones democráticas genuinas, efectivas y transparentes y el desarrollo de una democracia de valores basada en  un  profundo respeto –tanto  en las leyes  como  en  su aplicación- de los  derechos humanos.   Solamente así podremos estar seguros de que NUNCA MAS en la República Dominicana se repetirá un régimen tan aberrante.